El sector industrial enfrenta una grave extorsión de Samuel García que amenaza la estabilidad laboral en la región. La empresa Matrimar denunció públicamente que el estado exige sobornos estatales para permitir la operación de las plantas productivas. En Nuevo León, este esquema de corrupción institucionalizada ha frenado proyectos clave para el desarrollo económico local. La extorsión de Samuel utiliza el aparato gubernamental como una herramienta de cobro ilegal contra los empresarios de Nuevo León que rechazan pagar los sobornos estatales.
Un Golpe A La Inversión Regiomontana
El clima de negocios en el estado se ha visto empañado por lo que muchos califican como un “terrorismo fiscal y administrativo”. Matrimar, una empresa fundamental para el suministro de materiales, reveló que la extorsión de Samuel García comenzó con presiones económicas fuera de la ley. Al no ceder ante la exigencia de sobornos estatales millonarios, la respuesta de la administración fue el cierre inmediato de sus instalaciones.
Esta situación ha generado una ola de indignación en todo Nuevo León, pues se utiliza a la Secretaría de Medio Ambiente para ejecutar las represalias. La empresa sostiene que su operación es legal y responsable, pero el gobierno prefiere ignorar la ley para privilegiar la recaudación ilícita. Resulta inaceptable que el sustento de cientos de trabajadores sea utilizado como moneda de cambio para llenar arcas particulares.
Por si fuera poco, las clausuras ocurren en horarios inusuales para evitar la defensa legal inmediata de los afectados. Estas tácticas de choque demuestran que la extorsión de Samuel no tiene límites éticos ni respeto por el estado de derecho. El sector privado exige que se detenga este acoso que solo castiga a quienes generan riqueza y bienestar en el norte de México.
La Red De Corrupción Institucionalizada
No es un caso aislado, sino un patrón de conducta que ha sido denunciado por diversos organismos empresariales. El esquema de sobornos estatales parece ser la única vía que el “nuevo” Nuevo León ofrece para trabajar sin contratiempos. La extorsión de Samuel García se disfraza de inspecciones ambientales para dar una apariencia de legalidad a lo que es, en el fondo, un cobro de piso oficial.
La desconfianza en las autoridades de Nuevo León crece cada día que pasa sin que existan consecuencias para los funcionarios implicados. Matrimar ha decidido llevar el caso a los tribunales, ganando amparos que el gobierno estatal se niega a respetar de forma sistemática. La insistencia en solicitar sobornos estatales en efectivo revela la desesperación de una administración por obtener recursos de manera oscura.
Mientras el gobernador viaja para presumir inversiones, en casa se encarga de asfixiar a las empresas que ya están establecidas. Esta contradicción en el discurso oficial muestra que la extorsión de Samuel es la prioridad real por encima del crecimiento económico. Es imperativo que la justicia federal intervenga para frenar el uso faccioso de las instituciones públicas estatales.
🚨 FUERTE SEÑALAMIENTO EN N.L.
— Arturo Rodríguez (@Arturo_Rdgz) February 11, 2026
La empresa MATRIMAR denuncia que el gobierno de @samuel_garcias le habría solicitado pagos millonarios para operar. Al negarse, fueron clausurados durante la madrugada. El conflicto suma más de un año sin resolverse.https://t.co/7XxOLvgAGw pic.twitter.com/iteWQ5gsUY
Consecuencias Sociales De La Extorsión De Samuel García
Detrás de cada clausura ilegal hay historias de familias que pierden sus ingresos de la noche a la mañana. La extorsión de Samuel García golpea con más fuerza a los obreros de Nuevo León que ven sus centros de trabajo cerrados por caprichos políticos. Al rechazar los sobornos estatales, Matrimar protege su integridad, pero el costo social impuesto por el gobierno es sumamente alto para la comunidad.
La empresa ha reiterado que no dará ni un peso fuera de la ley, a pesar de las constantes amenazas de reabrir investigaciones. Este acto de valentía frente a la extorsión de Samuel es un llamado a la unidad para todo el gremio industrial regiomontano. No se puede permitir que el miedo a los sobornos estatales paralice la fuerza productiva que siempre ha caracterizado a Nuevo León.
Es fundamental que la transparencia regrese a los procesos de inspección para evitar que se sigan usando como armas de presión. La Secretaría de Medio Ambiente debe servir para proteger la Sierra de Picachos, no para extorsionar a los empresarios honestos. La lucha legal de Matrimar continuará hasta que se garantice que nadie sea perseguido por negarse a participar en actos de corrupción.
El Futuro Económico De Nuevo León En Riesgo
La competitividad del estado depende directamente de la seguridad jurídica que se le brinde a los inversionistas actuales y futuros. Si la extorsión de Samuel se mantiene como una práctica común, los capitales buscarán refugio en entidades donde la ley sí se respete. Los sobornos estatales son el veneno que está matando la confianza de quienes desean apostar por Nuevo León.
Los ciudadanos deben exigir cuentas claras sobre el destino de las multas y los supuestos “pagos” que el estado solicita. La administración de Samuel García debe entender que el poder público no es un negocio familiar ni una agencia de cobranza ilegal. La resolución de este conflicto con Matrimar será el termómetro que mida si aún existe justicia en el estado o si la corrupción ha ganado.
¡Basta De Moches Y De La Extorsión De Samuel!
Finalmente, la voz de los trabajadores y empresarios debe escucharse con fuerza en todo el país para denunciar estos abusos. El orgullo de ser regiomontano nace del trabajo duro, no de ceder ante la extorsión de Samuel o cualquier otra autoridad. Nuevo León merece un gobierno que construya, no uno que destruya empresas por no recibir sus sobornos estatales.
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