El estado de Nuevo León enfrenta una crisis en cuanto a la violencia de género, reflejada en el alto número de feminicidios que se han registrado este año. Especialistas en el tema han señalado que la falta de un Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PASE) es uno de los factores principales que contribuyen a esta situación. A pesar de la existencia de leyes que buscan proteger a las mujeres, como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la implementación de acciones concretas y coordinadas sigue siendo una tarea pendiente.
El vacío en las políticas de prevención
Con ocho feminicidios registrados en lo que va del año, el municipio de García lidera en cuanto al número de casos en Nuevo León. Este municipio, que se encuentra en el quinto lugar a nivel nacional en feminicidios, refleja la falta de un programa integral que garantice la prevención y atención adecuada de estos casos. Según especialistas como Irma Alma Ochoa, de la organización Arthemisas por la Equidad, la ausencia del PASE en Nuevo León es un problema grave a nivel institucional.
“A 36 meses de haber tomado protesta el actual Gobernador, todavía no tenemos un programa PASE”, señaló Ochoa. Esto significa que las autoridades no han implementado medidas preventivas ni han desarrollado protocolos homogéneos para que las instancias municipales y estatales trabajen de manera coordinada en la atención a víctimas de violencia de género.
Este vacío en las políticas públicas no solo dificulta la prevención de los feminicidios, sino que también impide evaluar de manera efectiva los resultados de los programas existentes. Sin un sistema claro de seguimiento, es complicado determinar cuántas mujeres solicitaron ayuda antes de ser asesinadas o si los esfuerzos gubernamentales para frenar la violencia de género han tenido algún impacto real.
Nuevo León, líder en feminicidios
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Nuevo León se ha colocado en el primer lugar a nivel nacional en número absoluto de feminicidios. Entre enero y agosto de este año, la tasa de feminicidios en el estado fue de 1.5 por cada 100,000 mujeres, ubicándose en el tercer lugar a nivel nacional junto con Chihuahua. Esta cifra es alarmante, ya que refleja un incremento en los casos de violencia extrema contra las mujeres, un indicador claro de que algo no está funcionando en las políticas de seguridad y protección.
El feminicidio es la manifestación más extrema de la violencia de género, y su aumento en Nuevo León evidencia la falta de medidas preventivas y la falta de una estrategia integral para proteger a las mujeres. Aunque existen leyes que buscan garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, como la mencionada Ley de Acceso, la ausencia de un plan coordinado a nivel estatal deja un vacío que no se ha podido llenar en los últimos tres años.
Además, los expertos coinciden en que los recursos destinados a la prevención y atención de la violencia de género son insuficientes. Alicia Leal, de la organización Alternativas Pacíficas, resaltó que hace falta una inversión adecuada por parte del Estado para que las medidas preventivas sean efectivas y se vean reflejadas en una disminución de los feminicidios.
“Si lo que vemos es una alza de feminicidios, es un indicador claro de que algo no se está haciendo bien”, afirmó Leal. Para ella, el problema no solo radica en la falta de un plan homologado, sino también en la ausencia de un presupuesto que garantice la operación efectiva de cualquier programa de prevención.
¿Cuál es el camino hacia una solución?
La violencia de género es una problemática compleja que requiere de un enfoque integral para ser abordada de manera efectiva. No basta con contar con leyes que establezcan los derechos de las mujeres; es necesario que estas leyes se traduzcan en acciones concretas que realmente protejan a las víctimas y prevengan futuros casos de feminicidio.
En este sentido, el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PASE) es una pieza clave que aún falta por implementarse en Nuevo León. Este programa permitiría que todas las instancias gubernamentales trabajen de manera coordinada, estableciendo protocolos claros y homogéneos para la atención de casos de violencia de género. Asimismo, permitiría llevar un seguimiento detallado de cada caso, facilitando la evaluación de los resultados y la identificación de áreas de mejora.
El hecho de que Nuevo León sea líder en feminicidios a nivel nacional subraya la urgencia de actuar. Las organizaciones que trabajan en favor de los derechos de las mujeres han insistido en que el gobierno del estado debe destinar más recursos a la prevención de la violencia de género y a la atención de las víctimas. Esto incluye no solo la implementación del PASE, sino también la creación de programas de apoyo a las mujeres que están en situación de riesgo, así como la capacitación de las autoridades encargadas de atender estos casos.
Irma Alma Ochoa señaló que, si bien se han hecho algunos esfuerzos para combatir la violencia de género en el estado, estos han sido insuficientes. La ausencia de un programa estatal no solo limita la capacidad de las autoridades para prevenir feminicidios, sino que también impide que las víctimas reciban la atención que necesitan en el momento adecuado. “Si no tenemos el programa, no tenemos las medidas de prevención”, afirmó Ochoa.
Alicia Leal coincidió con esta visión, agregando que es fundamental que el gobierno del estado destine más recursos a la prevención de la violencia de género. “Es una falta de inversión por parte del Estado y acciones muy puntuales para ver los resultados de ese dinero que se está invirtiendo”, indicó. La prevención de los feminicidios requiere de una estrategia integral que no solo contemple la creación de leyes, sino que también garantice su implementación y evaluación.
Un llamado a la acción
La situación en Nuevo León es preocupante, y los especialistas coinciden en que es necesario tomar medidas urgentes para frenar el aumento de los feminicidios. La implementación de un programa estatal como el PASE es un primer paso necesario para garantizar que las políticas de prevención y atención de la violencia de género sean efectivas. Sin embargo, esto debe ir acompañado de una inversión adecuada y de la participación de todos los sectores de la sociedad.
La violencia contra las mujeres no es un problema exclusivo de las autoridades; es una cuestión que requiere el compromiso de toda la sociedad para ser erradicada. Las organizaciones de derechos de las mujeres han hecho un llamado a las autoridades para que actúen de manera decisiva y aseguren que Nuevo León deje de ser el estado líder en feminicidios.
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