El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se encuentra en el centro de la polémica tras la revelación de que adquirió un rancho de 700 hectáreas en Burgos, Tamaulipas, valorado en 800 millones de pesos. La compra se realizó solo dos días después de que su administración otorgara un contrato de más de 12 mil millones de pesos a la Constructora Garza Ponce para la ampliación de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey.
Un contrato millonario y una adquisición polémica de Samuel García
El terreno adquirido por Samuel García, que incluye represas, áreas recreativas y lujosos acabados como un helipuerto y salas de trofeos con animales exóticos, pertenecía previamente a José María Garza Ponce, propietario de la constructora beneficiada con el contrato. Este predio fue adquirido mediante un contrato de reversión de propiedad a través del Fideicomiso Banca Afirme y registrado oficialmente en Tamaulipas; además, quedó registrado a nombre del padre del mandatario, Samuel García Mascorro.
La Constructora Garza Ponce ya tenía antecedentes polémicos, ya que estuvo involucrada en la construcción de la Línea 2 del Metro de Monterrey, que presentó fallas estructurales. A pesar de esto, el Gobierno de Nuevo León levantó una demanda únicamente contra otra empresa, Weidlinger Associates, dejando a Garza Ponce fuera de las acciones legales.
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¿Triangulación de recursos o coincidencia?
La cercanía entre la adjudicación del contrato y la adquisición del rancho ha levantado sospechas sobre un posible conflicto de interés. Este caso es el más reciente en una serie de señalamientos sobre presuntas triangulaciones entre el gobierno estatal, empresas proveedoras y negocios vinculados al mandatario.
Críticos han señalado que esta transacción podría ser un reflejo de prácticas opacas en la administración estatal, cuestionando la transparencia en la asignación de contratos públicos. A pesar de las críticas, hasta el momento, el gobernador no ha ofrecido una explicación sobre la adquisición ni sobre la relación entre el contrato y su compra del rancho.
Un legado de fallas en el metro
El historial de la Constructora Garza Ponce no está exento de controversias. Las fallas en la Línea 2 del Metro, que se remontan a su participación en el proyecto, no impidieron que la empresa fuera seleccionada nuevamente para las ampliaciones de las Líneas 4 y 6. Esto ha provocado indignación entre ciudadanos y expertos, quienes cuestionan la capacidad de la empresa para llevar a cabo proyectos de infraestructura de gran envergadura.
El predio adquirido por Samuel García no solo ha puesto en tela de juicio la imparcialidad en la asignación de contratos, sino que también ha reavivado el debate sobre el manejo de recursos públicos en Nuevo León.
No es el primer escándalo inmobiliario de Samuel García
Además, previamente el gobernador se vio envuelto en un escándalo inmobiliario relacionado con un terreno de 17 hectáreas en la exclusiva zona de la Mesa de la Corona, en San Pedro Garza García, valuado en 1,200 millones de pesos.
Aunque no hubo una compra directa, el terreno fue entregado como garantía por el Grupo Gentor para liquidar servicios fiscales a las empresas vinculadas a la familia del gobernador. Cuando los propietarios intentaron recuperar la garantía, el terreno ya estaba a nombre de la madre de Samuel García, lo que generó sospechas de abuso de poder y conflictos de interés.
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La relación entre el contrato millonario y la adquisición del rancho por parte de Samuel García continúa siendo un tema de interés público, generando cuestionamientos sobre transparencia y conflictos de interés en la administración estatal.
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