La ambición política en el norte del país ha tomado una ruta sumamente costosa para los ciudadanos. Aunque faltan años para la próxima sucesión federal, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ya opera una maquinaria de promoción nacional con un claro objetivo: la presidencia de la República en 2030. Lo verdaderamente crítico de este despliegue no es solo la ilegal anticipación electoral, sino el sofisticado esquema financiero que lo sostiene, donde los grandes contratistas del estado inyectan millones al despacho jurídico familiar del mandatario para que este, a su vez, inunde las redes sociales de todo México.
El circuito de la bonanza: Contratistas ganan, el despacho cobra
El motor que impulsa la omnipresencia digital del gobernador funciona mediante un circuito cerrado de triangulaciones. Al revisar las cuentas públicas, salta a la vista el caso de Suministro MYR, una de las empresas de limpieza y servicios generales más favorecidas de la actual administración emecista, la cual acumula facturas por alrededor de 1,400 millones de pesos con el erario estatal (más otros 700 millones de pesos a través de su filial Cabag Comercializadora).
La generosidad gubernamental parece encontrar un camino de vuelta hacia el ámbito privado. MYR, utilizando a su empresa hermana Jace, transfirió 202 millones de pesos directamente a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el bufete particular del que son socios el gobernador y su padre. Con este esquema, las ganancias obtenidas de los impuestos de los neoloneses se convierten legalmente en recursos privados listos para ser usados en la promoción personal del mandatario.
Esta misma fórmula se replica con otros gigantes del presupuesto estatal. Proyectos de Infraestructura de la Laguna (Pilsa), una constructora clave en la obra pública carretera de la entidad, recibió 380 millones de pesos de fondos públicos y, posteriormente, desvió 40 millones de pesos a la firma legal del gobernador a través de una filial. Incluso la Comercializadora Don Cacahuato, encargada de los desayunos escolares del DIF, se suma a este patrón de transferencias directas hacia las cuentas de la familia García.
La factura del derroche digital en todo México
Una vez que los fondos de los proveedores ingresan al despacho jurídico familiar, el dinero se redirecciona de inmediato a la pauta publicitaria en internet. De acuerdo con los registros de facturación, la firma de abogados de Samuel García le ha pagado 82 millones de pesos a la agencia Nauka Comunicación Estratégica.
Este millonario monto se ejecutó mediante al menos 13 transferencias masivas de entre 1 y 12 millones de pesos cada una, destacando un movimiento reciente por 11.8 millones de pesos bajo el concepto de “servicios de manejo de pauta digital”.
La contradicción del gasto: A pesar de que las facturas son pagadas formalmente por un bufete jurídico, las auditorías a los anuncios colocados en Google y YouTube demuestran que ninguna de estas publicaciones promociona asesorías fiscales o legales. El 100% de la pauta se utiliza para difundir videos y publicaciones de carácter político para posicionar al gobernador de punta a punta en la República Mexicana.
A este bombardeo digital se le deben sumar otros 19 millones de pesos adicionales que el entorno del mandatario destinó a las plataformas de Meta (Facebook e Instagram) en un periodo de solo tres meses. En total, la precampaña adelantada ya supera con creces la barrera de los 101 millones de pesos invertidos en el sueño presidencial del emecista.
Nauka y el doble rol con el erario
La empresa encargada de ejecutar esta estrategia, Nauka Comunicación Estratégica, mantiene una posición de beneficio doble que levanta serias dudas éticas. Al mismo tiempo que recibe las decenas de millones de pesos del despacho privado de Samuel García para promover su imagen personal en todo el país, la agencia maneja la publicidad digital oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León, sector por el cual ha facturado 123 millones de pesos. Esta dualidad vuelve invisible la frontera entre la comunicación institucional del estado y la proyección política individual del gobernador.
Un estado en el olvido por una meta personal
Mientras Nuevo León enfrenta crisis profundas en movilidad, transporte público deficientes e inseguridad, los excedentes económicos de los proveedores gubernamentales terminan convertidos en campañas de marketing digital dirigidas a audiencias de otras entidades federativas.
A pesar de que las investigaciones locales sobre estas triangulaciones fueron archivadas bajo la figura de inejercicio de la acción penal, el flujo de dinero no se ha detenido. La administración estatal continúa operando con opacidad, ocultando los contratos vigentes con Suministro MYR en sus portales de transparencia. La prioridad del gobierno de Nuevo León parece clara: la infraestructura y los servicios básicos pueden esperar, pero la carrera presidencial con cargo al estado avanza sin frenos.
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