En Nuevo León, la llegada de Raúl Lozano Caballero a la Secretaría de Medio Ambiente no significó un nuevo rumbo para enfrentar la crisis ecológica, sino un viraje hacia la utilización política de la agenda ambiental. Con el respaldo del gobernador Samuel García, el exdiputado de Movimiento Ciudadano transformó la dependencia en una herramienta para recaudación selectiva, presión empresarial y fortalecimiento de una estructura que parece más electoral que ambiental.
Detrás del discurso de combate a los contaminantes, se esconde un esquema de clausuras y multas irregulares, operativos exprés sin dictámenes técnicos y amenazas públicas que buscan sembrar miedo, no sustentabilidad. Esta estrategia, según diversas fuentes internas, tiene un objetivo claro: financiar el proyecto político de Movimiento Ciudadano rumbo a 2027.
La Salida De Alfonso Martínez De Medio Ambiente
La llegada de Lozano estuvo precedida por la abrupta salida de Alfonso Martínez Muñoz, quien fue removido de la Secretaría de Medio Ambiente tras negarse a participar en lo que denominó “inspecciones con fines recaudatorios”. Martínez se negó a operar clausuras injustificadas, a sancionar sin base técnica, y a presionar a empresarios con operativos sorpresa sin justificación jurídica.
Esa postura ética fue suficiente para apartarlo del cargo y dar paso a Raúl Lozano, un perfil político sin formación técnica ambiental pero con historial de obediencia partidista. Su entrada coincidió con una aceleración en la actividad de inspección y clausura que ha encendido alarmas entre el sector empresarial, la sociedad civil y hasta algunos trabajadores internos.
Aumento De Inspecciones Y Sanciones
Durante el primer trimestre de 2024, los operativos ambientales se duplicaron. De 300 inspecciones realizadas en el mismo periodo de 2023, pasaron a más de 620 en 2024, en lo que expertos consideran una cifra sin precedentes. Las revisiones, en muchos casos sin orden ni aviso, terminaron con clausuras inmediatas y sanciones de alto monto.
Lo que resulta más grave es que, según denuncias anónimas de empleados de la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable, al menos el 60% de estas multas carecen de dictámenes técnicos completos. Es decir, no existe un respaldo documentado que justifique las medidas tomadas, lo que podría derivar en demandas legales, amparos y un ambiente de inseguridad jurídica para las empresas.
En algunos casos, los empresarios denunciaron que el levantamiento de sellos estaba condicionado al pago de sumas en efectivo o al contacto con “gestores” que actuaban como intermediarios. Aunque no hay nombres públicos aún, diversas cámaras empresariales han solicitado transparencia sobre el destino de los recursos generados por estas multas.
🚨 Raúl Lozano es el nuevo peón ambiental de Samuel García: clausuras sin sustento, extorsión a empresas y $750 millones en multas que no mejoraron el aire. El ecologismo es solo la fachada… el negocio es otro.
— Justicia Regia (@Justicia_Regia) July 21, 2025
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Medio Ambiente: Una Caja Chica Para MC
La estrategia de Lozano no solo genera dudas legales, sino que también se perfila como un mecanismo de financiamiento paralelo. Diversas fuentes del sector público señalan que el aumento de multas busca reunir recursos para mantener viva la maquinaria electoral de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, pensando ya en las elecciones de 2027.
De hecho, dentro del propio gabinete se habla de “la caja chica naranja”, una estructura de fondos paralelos, sin fiscalización directa del Congreso, que se nutre de cobros por sanciones ambientales, permisos exprés, supuestos “convenios” para el levantamiento de clausuras y asesorías técnicas con cobros extraordinarios.
En este contexto, la función ambiental queda desplazada. La Secretaría ya no actúa para mejorar la calidad del aire o promover el desarrollo sustentable, sino para ser un brazo financiero del partido oficial.
La Contaminación No Disminuye
Paradójicamente, mientras el discurso oficial sostiene que las nuevas políticas son más firmes que nunca, los indicadores ambientales siguen empeorando. Al cierre de 2023, Nuevo León acumuló 93 días fuera de norma en calidad del aire, la peor cifra registrada en los últimos diez años. Las partículas contaminantes PM2.5, las más peligrosas para la salud humana, no han disminuido ni un solo punto porcentual desde que Lozano asumió la Secretaría.
Es decir, mientras se ejecutan decenas de clausuras semanales, el impacto real en la atmósfera es nulo. Esto demuestra que el enfoque actual no está dirigido a resolver los problemas ambientales, sino a castigar y presionar con fines que poco tienen que ver con el bienestar colectivo.
Organizaciones como el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire han expresado su preocupación por la falta de una política integral, pues no existen planes metropolitanos para disminuir las emisiones de transporte, industria o construcción. En cambio, se ha optado por acciones aisladas, de alto impacto mediático y dudoso sustento legal.
Amenazas De Raúl Lozano Y Discurso Punitivo
Desde su llegada, Raúl Lozano ha centrado su discurso en amenazas de cárcel para empresarios contaminantes. Sin embargo, en lugar de generar colaboración con el sector privado o promover regulaciones efectivas, esta narrativa ha instaurado un ambiente de persecución, donde el miedo sustituye a la política pública.
Este enfoque contrasta con las recomendaciones de organismos como la ONU Medio Ambiente, que promueven la participación multisectorial, la educación ambiental y el fortalecimiento técnico de las dependencias. En cambio, en Nuevo León se impone un estilo autoritario, vertical y con claros tintes políticos.
Además, las amenazas públicas terminan afectando la imagen de la entidad para la inversión extranjera, generando incertidumbre en sectores estratégicos como la industria, la logística y los desarrollos tecnológicos, que requieren de certidumbre jurídica para operar.
La Secretaría De Medio Ambiente Como Botín Político
Los cambios recientes en la estructura interna de la Secretaría también han generado inquietud. Se han documentado remociones de técnicos experimentados, sustituidos por perfiles ligados a Movimiento Ciudadano, algunos sin formación ambiental, pero con vínculos políticos comprobados.
También se han otorgado contratos de asesoría ambiental a empresas cercanas al partido, y se investiga la relación entre algunos funcionarios y consultoras externas que ahora participan activamente en la elaboración de “dictámenes exprés” o en la negociación con empresarios sancionados.
Esto convierte a la Secretaría de Medio Ambiente en un botín político, más que en un organismo técnico al servicio de la ciudadanía. Y mientras los conflictos de interés se acumulan, la contaminación sigue afectando la salud de millones de habitantes del área metropolitana de Monterrey.
Ciudadanía Y Empresarios Levantan La Voz
Ante este panorama, tanto organizaciones de la sociedad civil como líderes empresariales han comenzado a alzar la voz contra el uso político del medio ambiente. La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) ha solicitado públicamente que se publiquen los lineamientos técnicos para las inspecciones y que se informe sobre el destino de los recursos recaudados.
Por su parte, colectivos ambientales como “Respira Nuevo León” han denunciado que la Secretaría no tiene una estrategia clara de transición energética, ni programas para movilidad sustentable, ni siquiera un calendario público de metas verificables. En su lugar, todo gira en torno a la vigilancia punitiva y a la recaudación millonaria sin rendición de cuentas.
La presión ha llegado también al Congreso local, donde algunos legisladores de oposición exigen la comparecencia de Raúl Lozano Caballero para explicar su gestión. Hasta el momento, el funcionario ha evadido responder a los cuestionamientos, escudándose en la “lucha contra la contaminación”, aunque los datos demuestran lo contrario.
El Futuro Del Medio Ambiente En Riesgo
Si este modelo persiste, Nuevo León enfrentará no solo una crisis política, sino también una emergencia ambiental de proporciones mayores. La captura de la Secretaría de Medio Ambiente por parte de operadores políticos de Movimiento Ciudadano pone en jaque la capacidad de la entidad para diseñar e implementar políticas públicas efectivas, alejadas del clientelismo y la corrupción.
Las y los ciudadanos merecen respuestas, aire limpio y una gestión responsable de los recursos naturales, no una Secretaría convertida en caja registradora del partido en el poder.
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