Una fuerte ola de descontento se ha desatado en el gobierno estatal, luego de que diversos trabajadores levantaron la voz por la falta de sus honorarios. En las últimas horas, le exigen pagos a Arratia debido a que se descubrió una inversión de casi 750 mil pesos en pauta digital para sus perfiles sociales durante junio. Esta cifra resulta escandalosa para los afectados, ya que representa unas ocho veces el sueldo neto que percibe mensualmente el funcionario de Movimiento Ciudadano, el cual ronda los 96 mil 780 pesos.
Secretaría de Igualdad e Inclusión frenó pagos a talleristas
La crisis operativa se ha extendido rápidamente por toda la estructura de atención ciudadana en la entidad. Se dio a conocer que la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Samuel García frenó pagos a talleristas de los 48 espacios comunitarios de Nuevo León, afectando directamente a más de 300 profesionales que viven al día. A pesar de cumplir con sus horarios obligatorios y entregar la documentación requerida, el personal docente sigue esperando la liquidación del mes de junio, la cual les prometieron liberar hasta mediados de julio.
El problema no solo impacta los bolsillos de los trabajadores, sino la continuidad de los cursos de artes, oficios y deportes. Muchos de los afectados manifestaron que tienen que trasladarse a múltiples sedes diariamente y ya no cuentan con recursos para los pasajes. El colmo de la situación es que las autoridades les exigen puntualidad total, pues bajo el esquema actual, si faltan a sus labores por falta de dinero para el transporte, son dados de baja de manera inmediata.
Empleados por contrato acusaron a Felix Arratia por falta de pago
El descontento se ha canalizado directamente hacia el titular de la dependencia debido al cambio radical en la administración desde su llegada. Los empleados por contrato acusaron a Felix Arratia por falta de pago argumentando que este tipo de rezagos no ocurrían en gestiones anteriores. La tensión escaló tanto que una junta programada en el macrocentro de la Independencia, destinada a la renovación trimestral de contratos, fue cancelada abruptamente por los directivos ante el miedo de que se desataran manifestaciones.
Por si fuera poco, la opacidad sobre el origen de los recursos para las campañas en Meta genera sospechas entre los ciudadanos, quienes cuestionan si el dinero de los salarios se desvió a la promoción personal de Félix Arratia. El funcionario, que también cuenta con licencia como alcalde de Juárez y es ubicado como un operador político cercano al gobernador, acumula reclamos no solo de los trabajadores, sino también de los propios ciudadanos adscritos a los programas de apoyo social.
Retraso de pagos a empleados de centros comunitarios en Nuevo León
La vulnerabilidad económica mantiene en vilo a cientos de familias regiomontanas que dependen de estos ingresos estatales. El retraso de pagos a empleados de centros comunitarios en Nuevo León se suma a las irregularidades detectadas en la entrega de apoyos económicos a los beneficiarios de la dependencia, quienes reportan fallas en los depósitos desde el pasado mes de abril. Los talleristas reiteraron que cuando el dinero por fin les llega ya lo deben por completo, lo que genera un ciclo de deudas insostenible.
Ante esta situación, la comunidad exige una auditoría transparente sobre los 748 mil 467 pesos gastados en pauta publicitaria digital en tan solo 30 días. Mientras la ciudadanía y los instructores padecen la falta de solvencia básica, la prioridad del gasto parece volcada a inflar la presencia digital del secretario en las plataformas de Meta. La presión social aumenta y la denuncia por retención de salarios en la Secretaría de Igualdad e Inclusión resuena con fuerza en los pasillos gubernamentales en busca de una solución inmediata.
Molestia agravada contra Félix Arratia
La molestia se agravó al contrastar el dinero destinado a promocionar su imagen con la crítica situación que atraviesan los instructores de los espacios de desarrollo social. Diversos empleados por contrato acusaron a Felix Arratia por falta de pago, señalando que las remuneraciones por las clases que imparten mensualmente se han retenido de manera injustificada. Los afectados explicaron de forma anónima que el trámite regular de sus facturas ya no se respeta, y ahora los depósitos se demoran hasta la quincena posterior, dejándolos en la incertidumbre económica.
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