La narrativa de la “nueva política” en Nuevo León, caracterizada por un discurso de modernidad, transparencia y combate a las viejas prácticas de corrupción, se enfrenta a una de sus pruebas más demoledoras. Mientras el gobernador Samuel García difunde en plataformas digitales una realidad de inversiones históricas y pulcritud administrativa, la frialdad de los estados de cuenta bancarios dibuja un panorama radicalmente opuesto. La documentación financiera revela un esquema de triangulación de recursos públicos de una velocidad y precisión quirúrgicas: millones de pesos del erario estatal terminaron de manera sistemática en la cuenta de su despacho particular, Firma Jurídica y Fiscal Abogados, en lapsos que en ocasiones no superaron las dos horas.
Esta mecánica de transferencias en cascada no se basa en conjeturas ni en filtraciones anónimas. Las copias de los movimientos bancarios que forman parte de la investigación de la FGR evidencian cómo el dinero fluía desde la Tesorería del Estado hacia contratistas gubernamentales, para luego ser fragmentado y depositado en la firma legal de la cual el Mandatario y su padre son propietarios. Un circuito financiero cerrado que operó con impunidad, al menos, entre los años 2021 y 2023.
Cronología de la velocidad financiera: Casos documentados
El análisis detallado de las operaciones bancarias deja al descubierto un patrón reiterativo que comenzó a ejecutarse apenas mes y medio después de que Samuel García asumiera la gubernatura de Nuevo León. Los registros muestran que la sincronización entre el pago estatal y el beneficio privado estaba perfectamente aceitada.
El primer hito de esta red quedó registrado el 19 de noviembre de 2021. Ese día, exactamente a las 12:01 horas, la Tesorería del Estado realizó una transferencia por 22.2 millones de pesos a una cuenta de Suministro MYR —empresa encargada de proveer el servicio de alimentos en los centros penitenciarios y corporaciones policiales de la entidad—. Casi de manera automática, MYR reenvió 10 millones de pesos a su filial directa, Proveedora de Productos Mexicanos Jace. El ciclo se completó a las 14:19 horas, apenas 2 horas y 18 minutos después del desembolso original, cuando Jace transfirió 8.5 millones de pesos a la cuenta que la firma jurídica de García posee en Banco Inbursa.
Este método de dispersión exprés se repitió con idéntica precisión en fechas posteriores. El 30 de diciembre de 2022, la Tesorería liquidó 33.8 millones de pesos a MYR a las 13:42 horas; para las 16:52 horas del mismo día (3 horas y 10 minutos después), 10 millones de pesos ya reposaban en el despacho del Gobernador tras pasar por la empresa Jace. En octubre de 2023, la operación se replicó con un depósito original de 26.6 millones de pesos, tardando 3 horas y 44 minutos en hacer llegar 8 millones de pesos a las cuentas de la familia García. Un cuarto movimiento detectado en junio de 2023 utilizó la misma ruta, aunque con un desfase de cuatro días, canalizando otros 8 millones de pesos bajo el mismo esquema de intermediación.
El papel de los intermediarios y la pauta digital de Samuel García
La gravedad de estos hallazgos radica no solo en la velocidad del tránsito del capital, sino en el volumen de los contratos implicados. Suministro MYR no es un proveedor menor; durante la administración de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, esta empresa ha facturado una cifra superior a los 1,400 millones de pesos. La triangulación sistemática sugiere un peaje financiero donde los contratos públicos millonarios se tradujeron de forma casi inmediata en flujos de efectivo para el patrimonio personal del gobernante.
A esta red de contratistas se suma Nauka Comunicación Estratégica, otra proveedora del aparato estatal. De acuerdo con las indagatorias federales, el despacho legal del Gobernador ha destinado un total de 81.6 millones de pesos —concentrados en su gran mayoría en un periodo de 16 meses— para financiar campañas de publicidad digital y pautas en Google y YouTube en beneficio directo de la imagen de Samuel García. Este cruce de facturas y servicios dibuja un círculo vicioso: el gobierno contrata a empresas, estas empresas desvían fondos al despacho del Mandatario, y el despacho utiliza esos recursos para pagar a proveedores de comunicación que a su vez trabajan para el Estado, manteniendo activa la maquinaria de promoción personal del Gobernador.
Sofisticación del esquema y la respuesta institucional
Ante la exposición pública de estas transacciones en marzo de 2024, el modelo de triangulación lejos de detenerse, evolucionó hacia formas más complejas. Las investigaciones actuales de la FGR apuntan a que durante el año 2024 la red comenzó a emplear empresas procesadoras de pagos electrónicos (fintechs) con el objetivo explícito de fragmentar las transacciones, difuminar el origen de los fondos y dificultar el rastreo de los auditores federales. Asimismo, la trama ha extendido sus operaciones fuera del territorio nacional, incorporando a una compañía constituida en el estado de Texas, Estados Unidos, vinculada directamente con un familiar de Miguel Flores, actual Secretario General de Gobierno y pieza clave del entorno político de García.
La respuesta de Samuel García ante las crecientes evidencias documentales ha seguido un patrón de rechazo sistemático sin sustento técnico. A través de mensajes cortos en sus redes sociales, frecuentemente emitidos desde el extranjero en medio de sus giras de trabajo, el mandatario ha catalogado los señalamientos como falsos, omitiendo desglosar auditorías, presentar estados de cuenta alternos o justificar de manera clara el origen de los depósitos multimillonarios que recibe su firma legal por parte de los contratistas del estado.
El impacto del caso ha trascendido la esfera local, escalando a los niveles más altos de la política nacional. La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado públicamente sobre el caso en sus conferencias matutinas, exigiendo una investigación exhaustiva por desvío de recursos públicos en la administración de Nuevo León. Con la Fiscalía General de la República recopilando activamente las pruebas de los flujos bancarios y el escrutinio social en aumento, la administración de Samuel García enfrenta un cuestionamiento de legitimidad que las publicaciones en redes sociales ya no alcanzan a contener.
