Las aulas dejaron de ser espacios de aprendizaje para convertirse en puntos estratégicos de operación electoral y de acarreo político. Diversos planteles del sistema educativo de Nuevo León, incluyendo instituciones como el Conalep, la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, la Prepa Militarizada y la UANL, han sido señalados por su presunta participación en una estructura que busca influir en la próxima elección judicial del estado.
De acuerdo con testimonios de docentes y personal administrativo, estas instituciones han sido intervenidas por directivos que, bajo presión o alineados políticamente, exigen a los trabajadores entregar credenciales de elector de familiares o conocidos. A cambio, les prometen conservar sus empleos o mantener sus horas laborales. La exigencia, repetida en distintos testimonios, es clara: 10 INEs por persona.
El operativo, que presuntamente estaría impulsado desde el Gobierno del Estado, tiene como objetivo favorecer a perfiles afines al gobernador Samuel García que participan como candidatos en la elección de jueces. Este patrón, que ya había sido denunciado en oficinas gubernamentales, ahora se extiende al sector educativo.
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— @QuePasaEnNL ®️ (@LoQuePasaEnNL) May 20, 2025
El operativo del Gobernador Samuel García para “invitar” a votar a maestros y alumnos por sus candidatos afines la próxima elección judicial ya escaló a instituciones educativas del estado como la @uanl y el @NlConalep ; quiere que sean bien aplicados y se saquen un 💯… pic.twitter.com/c9UZrHFK5b
Denuncian amenazas, vigilancia y simulacros
En el Conalep, el operativo se extiende por los 17 planteles de la entidad. Según relató un maestro que pidió el anonimato, fue José Alfonso Rodríguez, representante jurídico de la Dirección General, quien comenzó a visitar los planteles solicitando “apoyo”. Lo que parecía un simple llamado cívico pronto se convirtió en una exigencia concreta: entregar una lista de diez credenciales del INE por trabajador.
“Nos están pidiendo estas credenciales como si fueran parte de nuestras obligaciones laborales. Quien no coopere, sabe que puede no ser recontratado el próximo semestre”, dijo uno de los maestros, señalando la vulnerabilidad laboral que enfrentan, ya que sus contratos se renuevan cada seis meses.
El caso de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina sigue un patrón similar, pero con mayor carga simbólica. Allí, los docentes fueron citados a una conferencia del Consejero Jurídico del Gobernador, Ulises Carlín, quien aspira a un cargo dentro del Poder Judicial. Posteriormente, se les pidió entregar 10 contactos de votantes y mantenerse activos en una red de mensajes donde se reporta el cumplimiento de la “tarea”. Los involucrados afirman que esto fue presentado bajo el nombre de “proyecto cívico”, aunque con claras implicaciones políticas.
Incluso denunciaron la creación de un call center dentro de la Torre Administrativa, donde personal de escuelas es obligado a realizar llamadas, asistir a simulacros o coordinar las listas de votantes, todo mientras su salario continúa siendo pagado como si estuvieran cumpliendo funciones académicas. “No es opcional. Si no asistes, simplemente te despiden”, afirmaron.
La UANL, también involucrada en acarreo político
En la Universidad Autónoma de Nuevo León, la situación ha sido más sutil, pero no menos alarmante. De acuerdo con testimonios, los directores Abraham Hernández, de la Facultad de Ciencias Políticas, y Óscar Vidal, de Medicina, han promovido la participación política de profesores y estudiantes en favor de perfiles judiciales cercanos al gobierno estatal.
Aunque en este caso no se reportan amenazas directas, los empleados señalan que existe una presión institucional constante para “cooperar”. Esta participación forzada también ha sido denunciada por alumnos, que mencionan haber sido llamados a reuniones donde se les sugiere apoyar ciertas propuestas políticas.
En paralelo, otros organismos del Estado, como Simeprode y la Secretaría de Salud, han sido señalados por operar bajo la misma lógica de presión electoral. Lo que comenzó como un operativo interno en oficinas del Gobierno, ha evolucionado hacia una red extendida a instituciones educativas y otras dependencias públicas.
Fiscalía ya investiga más de 10 denuncias por acarreo político
El cúmulo de testimonios y pruebas ha comenzado a generar acciones legales. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) ha recibido hasta ahora más de 10 denuncias formales relacionadas con este operativo de acarreo político, que se estaría desarrollando con miras a la elección judicial del próximo 1 de junio.
Los denunciantes califican esta estructura como un fraude electoral institucionalizado, cuyo objetivo es garantizar que los nuevos jueces del estado respondan a los intereses del gobernador y de su equipo político. Aseguran que esta operación está diseñada para prolongar su influencia dentro del aparato de justicia más allá del final de su mandato.
Algunas de las víctimas han comenzado a difundir campañas informativas dentro de los mismos planteles, recomendando a quienes hayan sido forzados a entregar credenciales o participar en simulacros de votación que anulen su voto como forma de resistencia, o que presenten denuncias de forma anónima ante la FEDE.
Por el momento, ni el Gobierno del Estado ni la Secretaría de Educación han emitido comunicados oficiales al respecto.
